Un operativo antidrogas en la Sierra de Chihuahua, que llevó al desmantelamiento de un laboratorio clandestino, ha desencadenado una profunda investigación federal por presuntas irregularidades. Este caso ha puesto bajo el escrutinio a la Fiscalía estatal y ha derivado en la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta múltiples órdenes de aprehensión. Las pesquisas federales se centran en la supuesta intervención no autorizada de agentes de inteligencia estadounidenses, la falta de comunicación con autoridades federales y anomalías en el manejo de pruebas.
La controversia se originó con una acción entre el 17 y 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, Morelos, donde fue localizado el laboratorio de drogas sintéticas. En el despliegue participaron elementos estatales, militares y dos ciudadanos de Estados Unidos, quienes posteriormente fueron identificados como agentes de la CIA. Inicialmente, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, entonces a cargo de Jáuregui, negó la participación directa de extranjeros, presentándolos como personal de adiestramiento de la Embajada. Sin embargo, su presencia y rol quedaron al descubierto tras su fallecimiento en un accidente vehicular junto a integrantes de la Fiscalía estatal, lo que evidenció contradicciones sobre su verdadera identidad y participación en el operativo.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado la investigación, no solo por el resultado del operativo, sino para esclarecer quién autorizó la intervención de personal extranjero sin los protocolos adecuados. Una de las principales anomalías señaladas por la FGR es la aparente ausencia de una carpeta de investigación previa por parte de la Fiscalía de Chihuahua, a pesar de que los delitos relacionados caen en el ámbito federal y requerían la notificación oportuna a las autoridades correspondientes. Esta omisión, según la dependencia federal, es crítica para la transparencia y legalidad del proceso.
Además de la participación de los agentes estadounidenses, la FGR ha reportado serias irregularidades en la entrega de indicios y la cadena de custodia del material incautado. Los agentes ministeriales y peritos federales no recibieron formalmente el área intervenida ni las sustancias con la debida cadena de custodia, generando dudas sobre la integridad de las pruebas. La investigación también busca determinar el alcance de la relación entre los agentes extranjeros y el personal de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, ya que se encontraron registros de visitas injustificadas a instalaciones estatales. La FGR trabaja para dilucidar el entramado de acciones y responsabilidades detrás de este complejo caso.
Con información de Infobae.