En el Congreso del Estado de Jalisco se presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional los apoyos económicos y sociales dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras, con el objetivo de garantizar su permanencia y evitar retrocesos en su aplicación. La propuesta fue impulsada por el diputado Martín Franco Cuevas, del grupo parlamentario de Morena, quien planteó reformar el Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Jalisco para reconocer de manera explícita estos derechos dentro del marco jurídico estatal.
El legislador expuso que la modificación busca consolidar a las personas con discapacidad como sujetos prioritarios de derechos, con acceso a apoyos económicos, programas sociales y mecanismos de inclusión que permitan avanzar hacia condiciones de bienestar, autonomía, accesibilidad e igualdad sustantiva.
“El Estado garantizará, de manera progresiva, programas públicos permanentes dirigidos a personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, conforme a los principios de universalidad, inclusión, accesibilidad y no discriminación”, señala la reforma planteada.
La iniciativa también incorpora el reconocimiento de las personas cuidadoras, quienes, de acuerdo con el documento, tendrían derecho a protección estatal, reconocimiento social y apoyos económicos vinculados a las labores de cuidado que realizan. El planteamiento considera esta actividad como una función social esencial que debe recibir respaldo institucional.
El proyecto establece además que los apoyos dirigidos a estos sectores deberán regirse bajo el principio de progresividad, lo que impediría su reducción, eliminación o restricción sin justificación.
Franco Cuevas señaló que, aunque en Jalisco existen programas sociales para estos grupos, el marco constitucional aún no establece de forma explícita la obligación del Estado de garantizar su continuidad ni el reconocimiento del trabajo de cuidados. Añadió que, en algunos casos, como el de personas mayores de 29 años con discapacidad, persisten vacíos en la cobertura de apoyos federales, lo que afecta su calidad de vida.
El legislador consideró que la reforma daría mayor certeza jurídica a los beneficiarios, fortalecería la continuidad de los programas sociales y evitaría retrocesos derivados de cambios administrativos. También sostuvo que permitiría consolidar políticas públicas de inclusión y reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados.
Finalmente, señaló que la propuesta colocaría a Jalisco en una posición de avance a nivel nacional en materia de protección constitucional de derechos sociales, especialmente para grupos históricamente en situación de vulnerabilidad.