CIUDAD DE MÉXICO – Una decisión del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, ha desatado una ola de indignación y preocupación entre colectivos de madres y padres de personas desaparecidas. La incorporación de la Comisión de Búsqueda de Personas local al operativo de seguridad para el Mundial de Futbol 2026, incluyendo la atención de posibles extravíos durante el FIFA Fan Festival y en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, ha sido catalogada como una priorización inaceptable de un evento deportivo sobre la búsqueda de seres queridos.
La medida fue anunciada el pasado 1 de junio durante la presentación del denominado “Plan Kukulcán”, una estrategia de seguridad que coordina a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con diversas dependencias como SECGOB, SEDESA, SGIRyPC, Locatel y Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, la inclusión de la Comisión de Búsqueda, una institución que los colectivos acusan de operar con personal insuficiente, herramientas precarias y expedientes estancados, ha encendido las alarmas. Para las familias que diariamente libran una batalla contra el olvido y la burocracia, destinar recursos ya limitados a un evento de tal magnitud representa un desvío flagrante de su misión esencial.
El Clamor de las Madres Buscadoras: Recursos Desviados y Esperanza Fragmentada
La crítica no se hizo esperar por parte de quienes viven la angustia de la desaparición. Vanesa Gámez, madre de Ana Ameli García Gámez –desaparecida en julio de 2025–, expresó a Proceso su profunda indignación: “Hoy sabemos y hemos tenido la mala experiencia de que, si hay dos búsquedas importantes, ya sea por patrones o personalizadas en la Ciudad de México, es insuficiente el recurso que tienen. No llevan los drones necesarios, no llevan el personal, no llevan las herramientas.” Gámez cuestiona la lógica de que un organismo especializado en la localización de personas ausentes, se dedique a tareas que deberían ser inherentes a otras dependencias de seguridad. “Es una actividad de la SSC. Son atribuciones distintas que cada uno debería hacer”, enfatizó, señalando la confusión de roles que esta decisión genera.
Lucía Eugenia García de la Riva, quien busca a su hijo Luis Óscar Ayala García desde septiembre de 2025, corroboró que la asignación de estas nuevas tareas agravará la ya precaria situación de la Comisión. “Sabemos que no hay el personal suficiente y eso quiere decir que las búsquedas de nuestros seres queridos van a hacerse a un lado para hacer todo este tipo de cosas del Mundial. Y eso creemos que es inaceptable para todos los que tenemos un ser querido desaparecido”, afirmó con dolor. Olivia Rosales, con casi ocho meses buscando a su hija Ximena López Rosales, de 17 años, también comparte la experiencia de las carencias institucionales que ya padecen los colectivos.
La controversia subraya un dilema ético y de gestión pública en la capital: ¿deben los recursos destinados a una de las crisis humanitarias más graves del país –la desaparición de personas– ser desviados para garantizar la seguridad de un evento internacional, por relevante que sea? Los colectivos claman por un respeto a la dignidad humana y una clara delimitación de responsabilidades. La decisión de la administración Brugada no solo irrita, sino que profundiza la desconfianza de miles de familias que ven cómo sus esperanzas de encontrar a sus seres queridos son, una vez más, postergadas en aras de otros intereses.
Con información de: Nacional – Proceso.