La Contraloría del Estado intensificará este año la revisión de la evolución patrimonial de las personas servidoras públicas mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitirán detectar posibles inconsistencias entre los ingresos reportados y el patrimonio declarado.
El proceso incluirá el análisis de más de 138 mil declaraciones patrimoniales actualizadas durante mayo. Para ello, la dependencia recurrirá a sistemas de minería de datos y al cruce automatizado de información con el fin de identificar patrones atípicos e indicadores de riesgo que puedan derivar en investigaciones más profundas. La estrategia, señalaron autoridades, incorpora un sistema de focalización algorítmica que facilitará la detección de posibles incrementos patrimoniales que no correspondan a los ingresos de los funcionarios, además de agilizar los procesos de verificación.
“La Contraloría del Estado no sólo es el resguardante de las declaraciones patrimoniales, sino que además es importante estar revisando que la actuación de las y los servidores públicos sea en un marco de legalidad y responsabilidad, y que, al momento de revisar la evolución patrimonial de los mismos, esta no se desfase del salario”, enfatizó su titular, María Teresa Brito Serrano.
De acuerdo con la dependencia, el número de declaraciones presentadas superó nuevamente los 138 mil registros, cifra que refleja un alto nivel de cumplimiento entre el funcionariado estatal respecto a esta obligación legal. Como parte de las acciones para promover la presentación de declaraciones, la Contraloría impulsó la campaña “Me declaro una persona íntegra”, además de actualizar materiales de apoyo para facilitar el uso del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (SEPIFAPE).
La dependencia también habilitó un módulo de atención presencial y un centro de atención telefónica para brindar asesoría durante el periodo de declaraciones, servicios que permanecieron disponibles hasta el cierre de mayo.
Las autoridades recordaron que la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses constituye una obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas que desempeñan funciones en el servicio público.