Dos policías municipales de Jamay enfrentan acusaciones por su presunta participación en un caso de desaparición forzada, mientras que un hombre fue vinculado a proceso por su probable intervención en la privación ilegal de la libertad de tres personas en Tonalá, informó la Fiscalía del Estado a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.
El primer caso corresponde a hechos registrados el pasado 9 de junio en Jamay. De acuerdo con las investigaciones, un ciudadano colombiano se encontraba fuera de una tienda de autoservicio donde sostuvo una discusión relacionada con el pago de un producto. La situación quedó resuelta en el lugar; sin embargo, minutos después arribó una patrulla municipal cuyos ocupantes detuvieron al hombre.
Las indagatorias señalan que la víctima ingresó inicialmente a los separos de la Comisaría Municipal y posteriormente fue trasladada a otro sitio, donde presuntamente quedó en manos de un grupo de civiles armados.
La carpeta de investigación establece que el ciudadano permaneció privado de la libertad durante dos días y sufrió agresiones físicas antes de recuperar la libertad junto con otro hombre de nacionalidad colombiana. Las autoridades mantienen abierta la investigación respecto a este segundo afectado.
Como resultado de un cateo realizado en las instalaciones de la comisaría municipal, agentes investigadores detuvieron a Octavio “N” y Víctor Alejandro “N”, ambos policías de Jamay. Los dos fueron puestos a disposición de un juez y enfrentan cargos por desaparición forzada de personas. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán bajo prisión preventiva.
En otro expediente, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Fernando Saúl “N”, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición cometida por particulares agravada.
La investigación refiere que el 7 de julio de 2024 un grupo de personas armadas privó de la libertad a un matrimonio en la colonia Basilio Badillo, en Tonalá. De manera simultánea, otra célula delictiva capturó a una mujer joven, identificada como nuera de la pareja.
Durante la audiencia correspondiente, el juzgador determinó vincularlo a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa por un año. Además, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.