El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó a 921 personas militantes de algún partido que intentaron ser contratados como supervisores y capacitadores electorales (CAE), es decir, los encargados preparar a los 13 millones de ciudadanos para ser funcionarios de casilla en la jornada electoral del 2 de junio..
Por este motivo, la Comisión de quejas emitió este viernes medidas cautelares para frenar la contratación de esas personas consintieron su afiliación voluntaria, aunque se investigará si alguno fue afiliado indebidamente.
“Es procedente la adopción de medidas cautelares en contra de las 921 personas (…) que a la fecha hayan sido contratados para los cargos de supervisores electorales y/o capacitadores asistentes electorales ”, señaló el documento.
Durante la sesión de la Comisión este viernes, el consejero Arturo Castillo dijo que en esta situación estarían involucrados los siete partidos políticos, y descartó que sea privativo de alguna fuerza política en específico.
El 22 de noviembre del 2023, el Consejo General del INE ordenó que no se contratara a militantes de partidos como supervisores electorales y capacitadores-asistentes (Caes). Aprobó una adenda de precisiones al Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de Caes, para determinar que en caso de existir afiliación a algún instituto político, podrán desconocer o negar la afiliación, lo que daría inicio a un procedimiento sancionador oficioso.
“Al día de hoy, la unidad técnica ha iniciado una gran cantidad de procedimientos especiales sancionadores vinculados con las actividades antes descritas (…) Han sido integradas 89 expedientes, hasta el momento la unidad técnica puede concluir que existen elementos que apuntan a que 921 personas sí consintieron de forma previa su inscripción como militantes de partidos políticos”, señala el documento aprobado hoy en la Comisión.
La Comisión identificó cédulas originales de afiliación por parte de los partidos señalados como responsables, o bien cédulas electrónicas previamente avaladas como válidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE que contienen firma autógrafa de los 921 ciudadanos, y además de sus fotografías, credencial para votar y su firma como parte de su consentimiento para ser afiliados.
La consejera Rita Bell López Vences indicó que con esta medida se garantizará el actuar electoral, “ya que con ello mantenemos los valores de equidad e independencia, y evitamos que personas que tienen aparentemente, todavía va una investigación, pero tienen los elementos necesarios para presumir que pertenecen a algún partido político”.
CON INFORMACIÓN DE LATINUS
